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En sesión extraordinaria, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) resolvió un procedimiento sancionador ordinario que dejó claro que, en política, no todo lo que se publica en redes sociales es tan “institucional” como parece.
La denuncia, derivó en la confirmación de una infracción por difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada. Es decir, publicaciones que, más que informar, parecían echar flores… y de las más elaboradas.
El IEEG determinó que el contenido difundido en Facebook no se limitó a comunicar datos de interés público, sino que resaltaba cualidades personales y decisiones individuales de quien encabeza el DIF municipal, con el respaldo del alcalde. Una combinación que, según la autoridad electoral, cruzó la delgada línea entre informar y posicionar políticamente.
Como resultado, se impuso una multa equivalente a 1,414.25 pesos a ambas personas servidoras
públicas. Una cantidad que, si bien no rompe alcancías, sí deja un precedente sobre los límites de la comunicación oficial.
El detalle incómodo: el sueldo “honorífico”
Pero más allá de la sanción, el caso dejó sobre la mesa un tema que llamó la atención: el rol de presidenta honorífica del DIF. Tradicionalmente, este tipo de cargos —comúnmente ocupados por las llamadas “primeras damas”— no implican remuneración.
Sin embargo, en este caso se evidenció que sí existía un ingreso, mismo que posteriormente fue donado y difundido públicamente. Un gesto que, aunque presentado como altruista, terminó formando parte del expediente sancionador por su promoción en redes.
El Consejo General también aclaró que no se acreditaron actos anticipados de campaña ni uso indebido de recursos públicos, por lo que esas acusaciones quedaron sin efecto.
Finalmente, se ordenó dar vista a la Contraloría Municipal para los efectos correspondientes.
